Tertulia en libertad | 07/08/2025

Hoy contamos en la Tertulia en Libertad con  Asís TÍmermans y Marcos de Quinto para hablar sobre los temas más relevantes de hoy. El Ayuntamiento de Baquio (Vizcaya), gobernado por Bildu, cancela sus fiestas por el aumento de la violencia causada por inmigrantes. El Ayuntamiento de Baquio (Vizcaya), bajo la alcaldía de Amets Jauregizar de EH Bildu, ha decidido cancelar todos los actos festivos programados para la noche del 29 de agosto con motivo de las fiestas de San Joan Doloz.  La medida responde a un aumento de situaciones violentas en ediciones anteriores, incluyendo peleas y varias agresiones, tres de ellas denunciadas solo en la última edición.  Como consecuencia de la cancelación, no se celebrará el espectáculo de DJ ni otras actividades nocturnas previstas para esa jornada. En su lugar, se llevará a cabo una fiesta disco infantil a las 18:00 horas, buscando mantener un ambiente festivo adecuado para todas las edades.  La cancelación de las fiestas ha generado diversas reacciones entre los vecinos y sectores políticos. Mientras algunos apoyan la medida como una acción necesaria para preservar la seguridad, otros cuestionan la decisión, señalando que podría afectar la tradición y el espíritu comunitario de las celebraciones.  Más temas de la Tertulia: En la tertulia también les hablamos de los efectos de la Ley Montero.  La “Ley Montero” perdona 2 años de prisión a un hombre que violó a un niño de 11 años tras amenazarlo de muerte en Almería en el 2008.  El Tribunal Supremo fijó la condena definitiva en 10 años tras aplicar la Ley del "Sólo sí es sí", rebajando los 12 años originales. La Audiencia Provincial de Almería había reducido inicialmente la pena a 7 años y acordado su excarcelación, pero el Ministerio Fiscal recurrió argumentando una aplicación incorrecta de la normativa. Los magistrados del Alto Tribunal dieron la razón a la Fiscalía y establecieron que "la pena se impuso en el límite mínimo de doce años de prisión que con la Ley intermedia pasa a situarse en diez años". Además impusieron inhabilitación para ejercer patria potestad por 4 años y para profesiones con contacto con menores por 5 años.  Irene Montero mantiene que su ley es correcta y que el error proviene de los jueces que "no la están interpretando bien", mientras más de 1.500 violadores se han beneficiado de rebajas de pena.