El Supremo rechaza la petición de García Ortiz de posponer su declaración.

El fiscal general deberá comparecer mañana en sede judicial. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado la solicitud de Álvaro García Ortiz para aplazar su declaración como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Asimismo, el juez instructor ha desestimado las diligencias propuestas por el investigado para que se realizaran antes de su comparecencia. Del mismo modo, Hurtado ha denegado la petición de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de posponer su propia declaración, programada para este jueves. En el auto, el magistrado también rechaza citar a declarar al querellante en la causa, Alberto González Amador, así como a varios periodistas. Además, considera innecesario intervenir el dispositivo electrónico de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única diligencia aceptada por el juez ha sido la incorporación de varios documentos a la causa, como habían solicitado las defensas. Entre estos documentos se encuentran instrucciones y guías de actuación del Ministerio Fiscal, además de dos artículos publicados este mes en el diario El País. El Gobierno destinará más de 5 millones de euros de los Presupuestos para las obras de la sede de UGT El Gobierno de Pedro Sánchez destinará más de 5,3 millones de euros a la reforma de la sede de UGT, liderado por Pepe Álvarez.  Tras años de retraso en la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Madrid, el presupuesto inicial se ha incrementado en casi un 20% debido al deterioro del edificio y la crisis inflacionaria. El Ministerio de Trabajo asumirá el coste al tratarse de un inmueble del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA), que engloba más de 500 propiedades sindicales hoy en manos del Estado. Inicialmente, el contrato se adjudicó por cerca de 4,5 millones de euros a la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales. Sin embargo, las obras se paralizaron por falta de licencia, que el Ayuntamiento no concedió hasta 2023, imponiendo además modificaciones tras un informe técnico.