Dos fiscales niegan al juez el protocolo en el que se excusó García Ortiz para borrar mensajes.
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La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han negado al juez la existencia del protocolo en el que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se amparó para eliminar mensajes de su teléfono móvil. Si se confirma esta información, García Ortiz no podrá justificar por qué borró sus conversaciones, que podrían ser clave para esclarecer la presunta filtración de datos personales denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es importante remarcar que el volcado del móvil de García Ortiz reveló que entre el 8 y el 14 de marzo no había ningún mensaje en su terminal, precisamente en los días en los que se habría producido la filtración de datos de González Amador. Además, un informe de la Guardia Civil confirmó que los mensajes fueron eliminados, ya que el análisis de otros dispositivos incautados demuestra la existencia de conversaciones con distintos subordinados. Entre ellos, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa y Almudena Lastra, quien sí los aportó al inicio de la investigación. La mano derecha de García Ortiz renuncia a la defensa de la Abogacía del Estado La mano derecha de García Ortiz renuncia a la defensa de la Abogacía del Estado y ficha al abogado de los Pujol Diego Villafañe ha renunciado a que la Abogacía del Estado asuma su defensa ante el Tribunal Supremo en la causa abierta por la filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. En su lugar, ha optado por contratar al prestigioso penalista Cristóbal Martell, conocido por haber representado a la familia Pujol y al futbolista Leo Messi, entre otros personajes de relevancia. Esta decisión contrasta con la de su superior, el fiscal general Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quienes sí cuentan con la defensa de los servicios jurídicos del Estado en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz está representado por el abogado del Estado José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, mientras que Rodríguez tiene como letrada a Zaida Fernández Toro.